La empresa Glencore arrastra un historial de contaminación por operaciones mineras en países sudamericanos, pero en México tiene una red de gasolineras y una terminal de almacenamiento de combustibles, además de haber vendido carbón a la CFE.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La suiza Glencore acumula señalamientos por daños socioambientales por su operación minera de carbón en Colombia; la violación de derechos humanos en Perú; así como una demanda con el Gobierno de Bolivia, no obstante eso no ha impedido que en México incursione en el mercado de combustibles.
Aunque en el país no registra proyectos mineros, desde 2017 tiene una red de gasolineras con su socia mexicana G500; en 2018 invirtió para almacenamiento de combustibles en Dos Bocas, Tabasco, y en 2019 obtuvo contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 519 millones de dólares para abastecerla de carbón.
Glencore es una de las principales mineras y operadoras de materias primas desde 1974. Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Tiene operaciones mineras en más de 50 países y ahora busca centrarse en los minerales de transición energética para la infraestructura de proyectos de energías renovables como el cobre, zinc y cobalto.
“Glencore se pone en una condición de ser una empresa que apunta a la reducción de emisiones de carbono. Sin embargo, en México ganó un contrato más o menos grande con CFE y otro en Dos Bocas que son dos modelos de generación de energía ya muy cuestionados, sobre todo por el agotamiento de petróleo [fácil de extraer] y las emisiones de CO2”, dijo Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA).
“Lleva varios años con informes en donde usa el clásico lenguaje ‘asertivo’ sobre sostenibilidad, transición energética, emisiones cero de CO2, minería ‘verde’ y respeto por los derechos humanos. Este tipo de empresas casi no hablan de calentamiento global sino de cambio climático, lo cual terceriza la responsabilidad de quienes introducen al mercado los insumos y de quienes en su transformación generan más y más desechos tóxicos”, observó.
Charles Watenphul, vocero de Glencore, omitió responder por qué si la firma está en el camino a la transición energética, en México aún vende energías fósiles. Pero comentó que la minera colombiana de carbón en Cerrajón en la que invirtieron, acusada de despojo y secar cuerpos de agua, opera independientemente a ellos. Aunque consideran que la relación con su comunidad “es buena”, porque tiene “una serie de programas” que han tenido un impacto “positivo significativo” y su enfoque hacia la sustentabilidad “ha evolucionado significativamente”.
Sobre Perú, donde su minera es señalada de contaminar el agua y causar enfermedades en la población, Watenphu puntualizó que la muerte de animales en la zona minera de Espinar no fue causada por exposición a metales pesados, de acuerdo con laboratorios de la Universidad de Pennsylvania y Alamo Analytical Laboratories. Además, la mienra Antapaccay está respondiendo a la necesidad de la población local de mejorar los servicios de agua potable y saneamiento, está apoyando un proyecto para mejorar una presa y la Planta de Tratamiento de Agua Potable existentes, así como ampliar las estructuras de captación de agua mediante la construcción de cuatro embalses y la optimización de dos existentes.
NEGOCIOS EN MÉXICO
En mayo de 2017, como resultado de la Reforma Energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se anunció un acuerdo entre Glencore y el consorcio mexicano G500 Grupo Gasolinero, propiedad de Antonio Caballero Fernández, para crear una franquicia con mil 400 estaciones de servicio en México. El negocio incluye no sólo el suministro de combustible, sino también servicios complementarios en las estaciones.
En 2018 la filial mexicana de Glencore, Axfaltec, anunció una inversión de mil millones de dólares para infraestructura para almacenamiento de combustibles. Del total, 200 millones de dólares fueron para la construcción de terminales de almacenamiento de gasolinas en Dos Bocas, Tabasco, y en Tuxpan, Veracruz.
Para la importación, almacenamiento y comercio de gasolinas y diésel, la terminal de Dos Bocas opera con permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde agosto de 2018 con una capacidad de almacenamiento de 600 mil barriles de premium, magna y diésel en la zona donde la Secretaría de Energía (Sener) coordina la construcción de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La terminal de Tuxpan, cerca del Valle de México, se planeó para contar con una capacidad de un millón 553 mil barriles de combustible. Su operación, en proceso de evaluación de la Sener, sigue pendiente.
En su sitio web, esta empresa sólo muestra su oficina en la Ciudad de México, pero durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha seguido operando en el país. En abril de 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó la compra de cuatro millones 94 mil toneladas de carbón mineral a Glencore International por 519 millones 600 mil dólares luego de adjudicarle 12 contratos “por ofertar el mejor precio” en la licitación pública.
El destino de este combustible fósil era la termoeléctrica “Plutarco Elías Calles”, ubicada en Petacalco, en la Costa Grande de Guerrero, donde a finales del año pasado cooperativas pesqueras señalaron un derrame de aceite de la central que llegó a la bahía. La CFE negó cualquier derrame durante las labores de mantenimiento del tanque de almacenamiento de combustóleo WAAD20.
En una larga comparecencia ante la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2020, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dijo que tenían dos contratos “que los tenían de cabeza” para el manejo de carbón en los patios de la termoeléctrica de Petacalco, una de las carboníferas más grandes de la empresa pública.
“Pero el carbón es importado y es carísimo. Además, como no la despachan, compras carbón para amontonarlo”, afirmó. “En Petacalco firmaron un par de contratos a empresas privadas que se llevan la mitad de la utilidad, entonces son leoninos y los vamos a discutir”.
Además de emitir gases de efecto invernadero, el uso de carbón, que genera un 12 por ciento de electricidad del país, contamina el aire, el agua y el suelo, y tiene implicaciones a la salud de las comunidades aledañas y de los trabajadores de las minas, advirtió la organización Greenpeace luego de las compras de este combustible por parte de la CFE.
“El carbón es responsable de una enorme cantidad de emisiones de dióxido de azufre que ponen a nuestro país en el cuarto lugar mundial y con tres de los puntos críticos de emisiones en el mundo: el pozo petrolero Cantarell, la central carbonífera de Petacalco y la termoeléctrica de Tula”, expuso la organización.
La Reforma Energética peñista permitió a empresas distintas de Pemex importar, distribuir y vender combustibles luego de la expropiación petrolera en 1938. Desde entonces, grandes empresas energéticas como Exxon, Shell y Chevron han participado en las subastas para exploración, explotación y comercio de hidrocarburos.
Sin embargo, la semana pasada el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que devuelve el control a Pemex en el transporte, almacenamiento, distribución y expendio de derivados. Cuenta con un marco jurídico que prevé la revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones; y la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional.
De frente al huachicol, también faculta a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos cuando “los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”.
AFECTACIONES EN AMÉRICA LATINA
En La Guajira Colombiana, la trasnacional Glencore es accionista de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, Cerrejón, una empresa en conjunto con Anglo American y BHP.
BHP Billiton, de origen australiano, ganó en diciembre de 2014 la licitación del bloque Trión en asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex). El proyecto de aguas profundas representó una inversión por 11 mil millones de dólares a largo plazo. Sin embargo, esta compañía es la responsable “del peor desastre ambiental” de Brasil ocurrido en 2015, el cual provocó la muerte de 19 personas y docenas de desplazados por un deslave de desechos mineros.
La operación de la carbonera de Glencore ha provocado el despojo de más de 25 comunidades indígenas wayúu y afrodescendientes de sus territorios y más de 20 arroyos secados o desviados, incluyendo el arroyo Bruno, de acuerdo con la organización internacional de medios Open Democracy. Las explosiones mineras a cielo abierto también han causado emisiones de partículas contaminantes que afectan a la salud de las comunidades.
“Si bien Glencore busca responder preguntas sobre la operación en aras de la transparencia y el compromiso constructivo, la administración de Cerrejón es responsable de estos problemas”, respondió el vocero de la empresa suiza Charles Watenphul. “Estamos comprometidos con los estándares internacionales en nuestras operaciones controladas u operadas y buscamos influir en nuestras empresas conjuntas no controladas”.
En enero de este año, organizaciones internacionales y colombianas presentaron quejas formales ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con recomendaciones voluntarias para que las empresas multinacionales reconozcan su responsabilidad y realicen acciones de reparación.
Las quejas son en contra de Electricity Supply Board (ESB), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; la irlandesa Coal Marketing Company que comercializa el carbón de Cerrejón; y las tres propietarias, BHP, Anglo American y Glencore.
En Perú uno de sus principales proyectos de Glencore es la minera de plata, cobre y oro fino Antapaccay ubicada en Cusco. La actividad minera comenzó hace más de 30 años, pero la provincia de Espinar todavía sufre de contaminación de fuentes de agua, aire y suelos alrededor de las zonas de influencia de la mina. También se ha registrado la presencia excesiva de metales tóxicos en la sangre de decenas de hombres, mujeres y niños de comunidades campesinas aledañas, reporta Open Democracy.
Pero el vocero de Glencore citó estudios de laboratorios estadounidenses que concluyeron que la muerte de animales en el 2013 no fue por presencia de metales pesados.
“Hasta la fecha, se han recolectado más de 500 muestras de aire, agua, suelo y sedimentos que proporcionan más de 26 mil resultados de pruebas de laboratorio en una variedad de parámetros. Además, se han realizado controles sanitarios a los miembros de la comunidad y a los animales”, dijo.
En el 2012 los conflictos y la represión policial causó cuatro muertos, varios heridos, detenciones arbitrarias a los líderes sociales. Los últimos conflictos en Espinar se produjeron entre julio y agosto del año 2020. Además de la atención a sus demandas en cuanto a salud y medio ambiente, la población pedía alivianar la crisis económica producto de la pandemia. Ante la negativa de la empresa, la población salió a protestar y fue brutalmente reprimida por la policía.
Glencore tiene planes de expansión en Espinar a través de su nuevo proyecto “Coroccohuayco”, para el que no ha realizado la consulta libre, previa e informada con las comunidades locales y que implicaría otros 25 años de minería.
“Actualmente, los estudios de factibilidad están en curso y Antapaccay espera que la construcción comience en 2021 y finalice en 2023. El proyecto mejorará las condiciones de vida de casi 60 mil habitantes”, agregó el vocero.
Al noroeste, opera la empresa Volcán, una compañía controlada por Glencore que extrae zinc, plomo, plata y cobre en el Cerro de Pasco. El medio peruano Ojo Público reveló altos niveles de plomo en la sangre de los niños de la zona, cuadros de anemia, problemas de aprendizaje, dolores de cabeza, sangrado por la nariz e incluso leucemia.
En Bolivia esta minera suiza opera a través de las compañías Sinchi Wayra e Illapa. Ambas controlan operaciones mineras de estaño, zinc, plata y plomo en los departamentos de Oruro y Potosí.
En noviembre de 2020, el medio Public Eye reportó la forma precaria y riesgosa en que las cooperativas mineras extraen zinc, plomo y plata de la mina de Porco, en Potosí. Además contamina el río local con excesivas cantidades de zinc, hierro, y manganeso, lo que afecta a la producción agrícola y la salud de la población.
“Esta operación se emplea muchas veces mano de obra infantil y adolescente. Además, se trata de una modalidad de trabajo asimétrica, debido a que libera a Glencore de sus responsabilidades laborales y ambientales. Los accidentes son muy comunes y durante los últimos cuatro años, en promedio, 20 mineros murieron cada año, incluidos algunos menores”, observó un análisis de Open Democracry.
Sin embargo, el vocero de Glencore –como lo hizo la empresa tras la publicación de Public Eye– negó tajantemente que empleen menores de edad y agregó que se enfocan en la seguridad de sus trabajadores. También negaron causar contaminación hídrica.
Además Glencore tiene un caso de arbitraje de diferencias inversor-Estado en contra de Bolivia, bajo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Bolivia y el Reino Unido. Es una demanda presentada en 2016 por la reversión de dos activos de Sinchi Wayra por los que exige una compensación de 675 millones de dólares. Pero el proceso se ha retrasado por la pandemia.
